Todo
jugador sueña que pronto llegará el día de su suerte. Lo que llega finalmente
es el infortunio y la ruina. Eduardo
En todos los países donde se permite el juego es el estado el
encargado de regular, organizar, sancionar y en su caso concesionar los juegos
de azar. Al contrario de lo que pasa en México, sería impensable en el resto
del mundo abrir una sala de juego sin los permisos correspondientes.
En este país tenemos tres categorías de casinos; los ilegales,
los legales y los amparados. Como el póker y los juegos de mesa –blackjack, ruleta,
dados, baccarat- están nominalmente prohibidos la gente que gusta de estos
formatos solo los encuentra en las salas del primer tipo. Se da el caso en este
país de tener casinos ilegales a la vista de todos.
Los casinos legales cumplen con la normatividad para operar
y sus empresarios declaran estar en el negocio de la diversión y no interesados
en promover conductas patológicas como la ludopatía.
La última categoría es la de casinos amparados, aquellos que
funcionan con una suspensión de clausura otorgada por el poder judicial a
través de un juez benevolente ya que no cumplen con
todos los requisitos para operar. En algunos casos el amparo es contra los
gobiernos municipales que no quieren mas casinos en su jurisdicción, en otros
el amparo les permite abrir más salas de las que tenían permitidas originalmente,
asimismo existen empresas que trabajan sin el permiso federal que las
avale, pero cuentan con papeles de alguna instancia menor.
Si la posibilidad de ser cerrados está siempre presente para
estos establecimientos, es evidente que su interés principal es recuperar la
inversión y obtener ganancias antes de que esto suceda, sin importar la
afectación a sus clientes.
Por otro lado, mientras a los empresarios legales se les
carga con altas tasas impositivas, los ilegales y amparados pagan mucho menos por este
concepto, lo cual pone a competir a ambos en condiciones inequitativas. Es
posible que algunos empresarios que caen en estas categorías lleven bien el tema de la responsabilidad
social, pero lo correcto sería que todos estuvieran funcionando con una normativa
clara y que las lagunas en la ley que le permiten funcionar a un casino en estas condiciones sean
eliminadas por lo sensible del tema.
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